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Características coloniales
Durante los tres siglos que cubre el período colonial, lo que es hoy territorio argentino fue una de las áreas más pobres del imperio español, en gran medida debido a su ubicación geográfica, distante de los centros de actividad política y económica. En 1810, el comienzo de la guerra de independencia, la población de la Argentina era menor que la de Chile, Bolivia, Paraguay y Perú, y su economía era menos desarrollada que la del resto del territorio hispanoamericano. Aunque remoto, el Virreinato del Río de la Plata creado recientemente compartía rasgos socioculturales típicas del continente dominado por España: absolutismo político, mercantilismo, falta de respeto por la ley, uniformidad religiosa, xenofobia y estratificación social. Una administración que se apoyara en estos principios culturales sólo podría contribuir al subdesarrollo de Argentina y derivar en un mal gobierno y en prácticas económicas abusivas. A continuación, analizaré cada rasgo sociocultural por separado.
Absolutismo
Uno de los rasgos más sobresalientes de la sociedad hispanoamericana era el absolutismo. En 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América, los monarcas españoles estaban intentando consolidar su poder por sobre la nobleza feudal. América ofreció la oportunidad ideal para que la monarquía española impusiera su poder ilimitado y absoluto. En este continente, la Corona podría ejercer sus prerrogativas políticas sin ningún control de las cortes, el feudalismo ni los privilegios locales. La existencia de una población autóctona tampoco constituía un obstáculo para el poder absoluto. Los reyes de Castilla eran los “dueños de América” en un sentido político y económico. Clarence Haring (1972, pág. 17) señala que el Rey no sólo ejercía la soberanía sobre estas tierras, sino también derechos de propiedad. Era el poder absoluto: toda posición o puesto económico, político o religioso dependía de su voluntad.
Más aún, la debilidad de las instituciones representativas locales ayudó a consolidar el absolutismo. Las colonias hispanoamericanas no tuvieron oportunidad de desarrollar su autonomía ni de gestar asambleas democráticas locales. Los cabildos —primeras municipalidades establecidas en España— habían sido democráticos en los antiguos reinos españoles pero, para la época del descubrimiento de América, esta institución había caído bajo el control total de la Corona, que designaba a los miembros de las asambleas locales. De hecho, en América, los cabildos se convirtieron en instituciones aristocráticas, ya que los miembros nombraban a sus propios sucesores. Además, los reyes vendían cargos políticos. Todos estos factores contribuyeron a desacreditar estas instituciones representativas (Zorraquín Becú, 1981, págs. 16, 310, 362; Bayle, 1952, págs. 622–23). No obstante, en realidad, la numerosa y corrupta burocracia montada en América impuso una limitación importante al absolutismo español. Los burócratas del ámbito jurídico se aprovechaban de la distancia de España y del ambiente social local para afianzar sus propias bases de poder en la colonia. Como reacción ante esta amenaza, la monarquía de los Borbón estableció en el siglo XVIII un sistema de reformas administrativas diseñadas para volver a concentrar el poder en Madrid y contener el abuso de los funcionarios coloniales (Halperin Donghi, 1970, págs. 53–56).
Otra característica del sistema colonial en Hispanoamérica —íntimamente ligada al absolutismo— era el estatismo económico o mercantilismo. El mercantilismo se define como la intervención permanente del Estado en la vida y actividades privadas de sus ciudadanos. Mientras que el absolutismo se utilizaba como un medio para consolidar la unidad española, el mercantilismo era el instrumento mediante el cual España intentaba beneficiarse de los recursos naturales y económicos de América Latina. Desde el principio, nadie tenía permitido conquistar ni colonizar territorio en las Indias sin el permiso previo y explícito de la Corona. Para poder hacer su primer viaje, Cristóbal Colón debió luchar durante ocho años por obtener el aval y el apoyo financiero de los reyes. Finalmente, en abril de 1492, se firmaron las famosas Capitulaciones con la Corona. Este acuerdo convertía a Colón en un representante de la Corona y le otorgaba los títulos condicionales de almirante, virrey y gobernador de los territorios que pudiera descubrir.
Como principio rector, el mercantilismo era especialmente notable en lo que concernía a la distribución de la tierra. Debido a ello, la cesión de enco¬miendas siempre estaba a cargo de la Corona y constituía la principal expresión de la tendencia del Estado a distribuir privilegios. La encomienda era una institución a través de la cual la monarquía entregaba un grupo de americanos nativos a un conquistador español, que debía inculcarles una educación religiosa. A cambio, el conquistador podía obligar a los nativos a trabajar para él. La mano de obra barata que proporcionaban los nativos era el factor generador de riqueza más importante de América. Dado que eran el Rey y sus funcionarios quienes repartían a estas personas, era fundamental llevarse bien con ellos, a fin de aprovechar la mano de obra barata disponible gracias a vínculos clientelistas. En esencia, el éxito económico dependía del acceso al sistema de patronazgo instaurado por el estado imperial. Todos los españoles en América querían tener americanos nativos a sus órdenes. Una carta escrita al Rey por el Virrey del Perú en 1597 sentencia categóricamente que “los españoles no vinieron a América para trabajar, sino para aprovechar la mano de obra y las tierras indias” (Terán, 1982, pág. 134).
La Corona ordenó que ninguna encomienda consistiera de más de 300 nativos. A través de esta limitación, los sucesivos monarcas intentaron garantizar una distribución equitativa de la mano de obra nativa y, además, la evangelización y protección de los pueblos indígenas. Sin embargo, esta norma no se observó, y los conquistadores adoptaron una política general de concentrar la riqueza en manos de unos pocos. Los conquistadores solían pedir a sus parientes o amigos en España que registraran encomiendas a su nombre.
Al igual que la mano de obra, las propiedades inmuebles también se contaban entre las fuentes más importantes de riqueza y prestigio. Los reyes de Castilla eran los dueños de las tierras americanas, que habían conquistado sus representantes y que les habían sido entregadas por el Papa. Como consecuencia de estos derechos, la Corona monopolizaba la distribución de tierras, y ningún individuo tenía acceso a la tierra sin una cesión real. En la práctica, posteriormente, los territorios ocupados por individuos con o sin título podían comprarse pagando una suma de dinero o una composición a los reyes.
En los primeros años del imperio americano, las cesiones de tierra eran gratuitas pero, en el siglo XVI, Felipe II comenzó a venderlas para financiar sus guerras santas. Ambos sistemas coexistieron hasta el fin del período colonial. Cabe destacar que, ya fuera que la Corona distribuyera tierras sin costo o que las vendiera para obtener dinero, los individuos siempre necesitaban contar con el consentimiento de los monarcas —o sus representantes— para obtener tierras (Mariluz Urquijo, 1978, págs. 16, 33–36, 50).
Otro factor de importancia económica eran las minas. En España, éstas siempre habían estado monopolizadas por el Estado. Las Ordenanzas Reales de Briviesca de 1387 estipulaban que los individuos podían buscar metales en lugares públicos o privados, pero dos tercios de las ganancias obtenidas debían entregarse a la Corona. Según esta ley, todas las minas pertenecían a la corona, sin importar quién fuera dueño de la tierra. Esta práctica continuó a lo largo del período colonial, aunque, en 1563, Felipe II estipuló nuevos porcentajes de ingresos, que variaban de entre la mitad hasta un octavo del mineral obtenido. Este sistema de contribuciones y obligaciones es un ejemplo claro de intervención estatal en el área económica si bien, con frecuencia, se contaba con apoyo financiero privado. Las famosas Ordenanzas de Toledo, autorizadas por el Virrey de Toledo en 1574 para Perú, reafirmaban el derecho absoluto de los monarcas sobre la propiedad, específicamente sobre los metales hallados en sus colonias (Martiré, 1979, págs. 15, 66, 69).
El Estado monopolizaba el comercio entre España y sus colonias latinoamericanas. La Casa de Contratación, una institución fundada en Sevilla en 1503 para controlar y regular el comercio, también estaba en manos del Estado. Además, la Corona monopolizaba otras actividades, como la producción y el comercio de mercurio, sal, pimienta, tabaco, pólvora y naipes de juego. En ocasiones, se otorgaban concesiones de estas actividades a manos privadas. No obstante, esto no solía ser gratuito, sino que, por lo general, las concesiones se vendían, no se cedían. Incluso los cabildos incrementaban su tesoro público mediante el otorgamiento de derechos de comercio sobre estos productos a intereses privados.
El comercio interno también estaba regulado por el Estado. Por ejemplo, los propietarios de bares necesitaban la debida autorización para traspasar vino de un barril a otro (Haring, 1972, pág. 321; García, 1986, pág. 136). Es decir, el colonialismo español se basaba en la omnipresencia del Estado en todas las áreas de la vida económica, social y política. En la época de la colonia, el Estado no intervenía sólo en el campo económico, sino también en la vida privada de sus servidores y súbditos. Hasta el presunto adulterio de un funcionario o el fin del matrimonio de un ciudadano generaban una gran cantidad de trámites burocráticos (Terán, 1982, pág. 125; Bayle, 1952, pág. 582).
Incumplimiento de la ley
Otra característica de la sociedad colonial hispanoamericana era el divorcio permanente entre el orden legal y las prácticas sociales. En este caso, la situación difería de la registrada en la Península Ibérica, donde las leyes locales consagraban costumbres que la población llevaba siglos poniendo en práctica. Esto no ocurría en América, donde la Corona misma ignoró las “Capitulaciones” firmadas con Colón, en un anticipo de cómo se incumplían las leyes en el nuevo continente (Haring, 1972, pág. 24; De Madariaga, 1973, pág. 262). Las Ordenanzas Reales, que establecían el buen trato y la libertad de los nativos, constituyen un buen ejemplo de la separación que existía entre la ley y la realidad en el imperio español. Mientras la Corona promulgaba leyes para proteger a la población nativa y declararla libre, la realidad indicaba que eran esclavos, aunque no se los llamara de esa manera.
Otro ejemplo de esta dicotomía entre ley y práctica fue la creación del “Requerimiento”, un texto que los capitanes españoles debían leer a los nativos antes de atacarlos con sus ejércitos, escrito por el jurista español Juan López de Palacios Rubios para justificar el derecho que los españoles tenían sobre los nativos. El documento aseguraba que la Corona tenía autoridad sobre el territorio americano y exhortaba a los nativos a obedecer. Por supuesto, tanto el espíritu del documento como la letra eran incomprensibles para los nativos, ya que estaba escrito en español —idioma que escasamente entendían— y redactado en términos de ideas ajenas a su cultura (Ots Capdequí, 1943, pág. 254). Es posible que las conciencias de los funcionarios quedaran tranquilas luego de cumplir con esta formalidad, pero ni el sentido ni el espíritu de la ley jamás fueron respetados.
De hecho, la Corona apoyaba activamente el incumplimiento de la ley colonial entre sus funcionarios, en lugar de erradicarlo. Al otorgar a los virreyes la capacidad de suspender las leyes cuando consideraran que su cumplimiento era peligroso, inconveniente o problemático, la Corona ayudó directamente a profundizar la erosión del Estado de Derecho en sus propias colonias. El virrey consignaba todas las derogaciones o suspensiones de una ley en un memorando, explicando su decisión, y enviaba la ley nuevamente a España para que la reconsideraran.
El viejo adagio sobre las autoridades locales (“se acata la autoridad, pero no se cumple la ley”) era especialmente apropiado para reflejar lo que acontecía en Hispanoamérica (Haring, 1972, pág. 130). El llamado “disimulo” era otra práctica española que socavaba las etapas iniciales del desarrollo del sistema legal argentino. La ley establecía que las encomiendas debían entregarse por un máximo de dos generaciones, es decir, para el titular original y para sus herederos. En la práctica, los siguientes herederos continuaban con las encomiendas una vez cumplido el plazo de dos generaciones, y los virreyes pasaban por alto esa violación de la regla. Resulta curioso que, en ciertas circunstancias, la Corona misma autorizaba a los virreyes a “disimular” la extensión de la encomienda a una tercera generación y luego a una cuarta o una quinta (Ots Capdequí, 1943, pág. 254; Haring, 1972, pág. 269).
La colusión generalizada de los funcionarios españoles para contrabandear constituye un ejemplo final de la corrupción que surgió de la aplicación de leyes inadecuadas. Esta actividad prosperó durante los tres siglos de régimen colonial gracias a la resistencia de la Corona a admitir el libre comercio. Las reglas del monopolio comercial establecían que la mercadería que partía de España hacia América —enviada por mercaderes españoles, en naves españolas— llegara a sus agentes a través de rutas predeterminadas, con tarifas de fletes elevadas. Por lo tanto, en el Río de la Plata, los precios de los bienes de contrabando eran significativamente más bajos, y el incumplimiento de la ley era una práctica constante. En este caso, el intento de restringir el comercio a unos pocos lugares generó poderosos incentivos para quebrantar la ley y ejercer el libre comercio.
Militarismo
La conquista española de América fue una hazaña militar, hecho que dejó una marca que perduró durante todo el período colonial. La sociedad de la colonia estaba organizada de manera jerárquica y estratificada, y estableció una jurisdicción militar separada. Bajo esa jurisdicción militar, los militares que cometían delitos comunes eran juzgados por sus pares y no por jueces civiles. Los miembros de la Iglesia también gozaban de un privilegio similar de jurisdicción especial (Zorraquín Becú, 1978, pág. 91). La consolidación del militarismo se vio respaldada por el hecho de que, desde los albores de la historia de España, la guerra y la religión estuvieron estrechamente relacionadas. Este fenómeno tiene origen en la ocupación musulmana de España y constituye un vestigio moderno de la filosofía musulmana en el mundo occidental medieval: guerra y religión son dos conceptos íntimamente ligados en el credo musulmán. El Corán dice que cuando Mahoma supo que era inspirado por Alá y que tenía una misión profética, pidió a sus prójimos que lo siguieran. Nadie lo hizo, con excepción de su primo Alí, quien dijo: “Oh, Profeta, yo te seguiré. Les sacaré los ojos a tus enemigos, romperé sus dientes y oprimiré sus pechos” (Miguens, 1986, pág. 74). Las fuerzas militares árabes llegaron a España en el siglo VIII y conquistaron rápidamente la mayor parte de la península. A medida que los españoles cristianos comenzaron a recuperar sus territorios de norte a sur para luchar contra los moros, buscaron la ayuda de Dios, al igual que sus oponentes.
Esta combinación de furor militar y religioso se esparció hacia el Nuevo Mundo. Por consiguiente, las batallas en el contexto colonial estaban teñidas de cierto tono religioso. Es innegable que la conquista de América estuvo imbuida de un espíritu misionero. Antes de luchar contra los nativos, los españoles gritaban: “¡Santiago y cierra, España!”, para apelar al apóstol, y parte de este espíritu se mantuvo hasta los últimos años del imperio, como cuando el General Manuel Belgrano nombró a la Virgen María “Generala del ejército”, luego de derrotar a los españoles en la Batalla de Tucumán.
Modernización
Luego de la formación del primer gobierno nacional en 1810, la incipiente nación argentina comenzó un proceso de cambio en sus instituciones, sus políticas y sus costumbres. Luego de las guerras de independencia y un prolongado período de conflictos civiles, incluida la dictadura de Juan Manuel de Rosas (1829–52), la turbulencia de emancipación llegó a su fin con la promulgación de la Constitución de 1853, destinada a modificar los valores culturales heredados del período colonial español. Así se abandonó el absolutismo político en favor de la división de poderes; la religión única estatal por la adopción de la libertad de credo; se dejó de lado el mercantilismo y se respaldó la propiedad privada y el libre comercio; se abandonó la xenofobia y a cambio se promocionó la inmigración; el incumplimiento de la ley fue reemplazado la adhesión a principios jurídicos y las desigualdades en función de las diferencias de clase social dejaron paso a la igualdad ante la ley. Esta constitución fue parcialmente reformada en 1860. Esta enmienda incluyó, entre otras reformas importantes, la reincorporación de la Provincia de Buenos Aires —que no había aceptado formar parte de la Confederación que firmó la Constitución de 1853— y la aplicación de la Constitución en todo el territorio nacional .
Estos valores —resaltados en la Ley 1420 de 1884, que establecía la educación gratuita, obligatoria y laica— generaron un notable desarrollo político y económico. Naturalmente, el crecimiento atravesó períodos buenos y malos, pero dentro de la fluctuación, las clases dominantes acordaron algunos valores básicos, como la necesidad de crear una infraestructura de servicios para promover las actividades productivas (el correo, el telégrafo, el ferrocarril, la educación, los puertos), facilitar la inmigración, alentar la inversión extranjera y aumentar la preocupación sobre el crédito nacional.
En 1876, el presidente Nicolás Avellaneda, en dificultades para evitar la cesación de pagos de la deuda externa, declaró frente a la Asamblea Legislativa que los tenedores de bonos argentinos no tenían razones para preocuparse. “La República puede estar dividida hondamente en partidos internos; pero no tiene sino un honor y un crédito, como sólo tiene un nombre y una bandera, ante los pueblos extraños. Existen dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y su sed para responder, en una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros” (Páez de la Torre, 2001, págs. 222–23).
Para 1910, en el centenario del primer gobierno patrio, Argentina era uno de los principales países del mundo. Era uno de los mayores exportadores de granos y carne. El PIB del país equivalía a 50% del PIB de todos los países hispanoamericanos, ocupaba el décimo lugar entre las economías del mundo y su comercio representaba 7% del total internacional. Las zonas cultivadas con trigo, que en 1872 cubrían 72.000 hect¬áreas, llegaron a 6.918.000 hectáreas en 1912. Las exportaciones de cereales, que en 1885 habían totalizado 389.000 toneladas, alcanzaron 5.294.000 en 1914. Además, en contraposición al período colonial previo, se registró un marcado descenso del analfabetismo, en una nación reconocida por su carácter cosmopolita y no por su xenofobia (Torquinst, citado en Escudé, 1984, pág. 102). En 1913, el PIB anual per cápita se ubicaba en US$470, cifra que superaba la productividad de muchos rivales europeos: US$400 en Francia, US$225 en Italia y US$90 en Japón (Maizels, 1963, pág. 17). Además, si comparamos los salarios por hora cobrados en 1911 y 1914 en Buenos Aires, París y Marsella, en siete categorías de trabajo distintas, vemos que los salarios de Buenos Aires eran un 80% mayores que los de Marsella en todas las categorías y un 25% más altos que los de París en la mayor parte de las categorías. Hasta la Primera Guerra Mundial, aunque el ingreso per cápita en Estados Unidos era mucho mayor que en Argentina, el salario promedio que recibía un inmigrante al llegar a Buenos Aires era similar al que recibía un inmigrante que llegaba a Nueva York. Un informe de 1921 del departamento de comercio exterior del Reino Unido confirmó que los salarios en Argentina eran mayores que en Europa (Díaz Alejandro, 1970, págs. 43–44).
José Ignacio García Hamilton
Extracto de “Reflexiones históricas sobre el esplendor y la decadencia de Argentina” publicado por elcato.org
