Segundo Texto Para las Tertulias

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Retrocesos del siglo XX

Precisamente en este punto de sorprendente progreso a nivel político y económico, en las primeras décadas del siglo XX, tras dos generaciones de normalidad institucional casi continua, la administración argentina comenzó a mostrar una vez más las viejas características coloniales. A pesar de los impresionantes triunfos económicos logrados desde la independencia, el resurgimiento de prácticas coloniales terminaría por condenar a la Argentina a la trayectoria de subdesarrollo que no pudo ser revertida por las administraciones democráticas de los años noventa.

1907–1946: Resurgimiento colonial

El período 1907–46 fue testigo del resurgimiento gradual de las mismas características de administración colonial que habían obstaculizado el crecimiento de Argentina antes de la Independencia. Entre éstas, las más evidentes fueron el regreso al militarismo y a las prácticas absolutistas por parte de los líderes políticos y la renovación de las intervenciones estatales mercantilistas que socavan el desarrollo del libre mercado.

Primero, Argentina redescubrió sus raíces militaristas españolas en las primeras décadas del siglo XX, cuando el militarismo pasó a ser promovido activamente por la política educacional. A partir de 1908, a fin de asimilar a los hijos de los inmigrantes, el gobierno lanzó una campaña de “educación patriótica”. Esta campaña mostraba a aquellos que habían luchado por la Independencia y establecido la Constitución como seres sobrenaturales, casi sagrados, capaces de hazañas más habituales en dioses y héroes mitológicos que en seres humanos. Impulsada por las escuelas estatales y el servicio militar obligatorio, la cruzada exaltó al país en forma descontrolada y generó un sentimiento de grandeza exagerado, que hizo que los ciudadanos creyeran que la riqueza provenía directamente de los recursos naturales, sin necesidad de trabajo humano ni de instituciones adecuadas. El regreso a la enseñanza dogmática —que reemplazó religión con patriotismo y subestimó la inteligencia de los niños— también inculcó un fuerte sentido de nacionalismo que predicaba la necesidad de recuperar las Islas Malvinas (Escudé, 1990, pág. 20).

Los gobiernos de los años treinta expandieron la “educación patriótica” y la extendieron a la escuela secundaria y a las universidades (Escudé, 1990, págs. 91–93). En este punto, las autoridades sumaron la devoción religiosa al militarismo nacionalista y lanzaron una campaña política para identificar el origen y la esencia de la nacionalidad argentina con el catolicismo y el militarismo. Con ese objetivo, muchos autores nacionalistas rescribieron la historia del país de una manera que demostraba que los héroes de la Independencia habían sido católicos devotos y no los masones y librepensadores que mostraban los libros de texto escritos por autores liberales en la segunda mitad del siglo XIX (Zanatta, 1997, págs. 20, 35, 90). Esta táctica fue utilizada después por el régimen militar de 1943, que reestableció la educación religiosa en las escuelas en contra de lo que estipulaba la Ley 1420 y volvió a un modelo de religión patrocinada por el Estado. De ese modo, el carácter cosmopolita argentino, que había contribuido al desarrollo de fines del siglo XIX, se vio erosionado por el intervencionismo del gobierno en las aulas argentinas.

El absolutismo político y la indiferencia ante el Estado de Derecho —compañeros naturales del militarismo— caracterizaron a los gobiernos de este período. Elegido en 1916, el presidente Yrigoyen aumentó significativamente la burocracia y generalizó la práctica de contratar empleados administrativos con tareas vagas o inexistentes en pago de favores políticos. En 1930, el mismo Yrigoyen fue víctima de tácticas absolutistas, cuando fue derrocado por un golpe de Estado, ratificado luego por la Corte Suprema de Justicia. El nuevo gobierno de facto profundizó la institucionalización del absolutismo y la violencia mediante el cierre del Congreso de la Nación y de algunos diarios y la creación de una fuerza policial política para perseguir y encarcelar a los opositores. Fue en este momento que la tortura mediante picana eléctrica comenzó a ponerse en práctica en Argentina. La relación entre estos sucesos políticos y el viejo absolutismo político y la intolerancia colonial —y su efecto sobre el crecimiento económico— es innegable.

Las prácticas económicas también se vieron afectadas por este aparente regreso al régimen colonial. A lo largo de este período, los gobiernos se acostumbraron cada vez más a intervenir en la economía cuando les parecía conveniente, a pesar de las evidentes desventajas económicas y legales a largo plazo. El gobierno comenzó a adoptar un enfoque mercantilista para la administración económica, probablemente a partir de 1907, cuando se descubrieron pozos petroleros en Comodoro Rivadavia. En ese momento, un decreto introdujo cambios significativos en la política económica, en el Código de Minería y en el espíritu de la Constitución Nacional, que preferían una economía con poca intervención estatal. El presidente José Figueroa Al¬corta promulgó un decreto por el cual reservaba para el Estado los hidrocarburos del subsuelo, lo cual a efectos prácticos era privarlos de ellos a los propietarios de la tierra en cuestión. Los gobiernos posteriores mostraron la misma clara preferencia por las tácticas intervencionistas. Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, se promulgó una ley que establecía el congelamiento de los alquileres. En relación con los reclamos de las personas afectadas, la Corte Suprema de Justicia confirmó dicha ley —con la sola objeción del juez Antonio Bermejo— y afirmó que no violaba la constitución (Fallos CS 28/4/1922). Así, apañado por la Corte Suprema y en contra del Estado de Derecho, el gobierno de Yrigoyen hizo caso omiso tanto del derecho a la propiedad privada como de la autonomía de la voluntad individual. Aunque menos controvertido, pero en la misma tradición mercantilista, el presidente Agustín P. Justo —electo en 1932— creó juntas de mercado para regular la producción de carne, cereales y muchos otros productos, con lo que consolidó la intervención activa del Estado en un espectro incluso más amplio de sectores económicos.

1946–1955: Perón

En 1946, el general Juan Domingo Perón accedió a la presidencia. Su gobierno estuvo manchado por las mismas prácticas políticas de clientelismo, absolutismo y violación del Estado de Derecho. Perón sometió a juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los reemplazó con jueces “amigos”. Abolió la libertad de prensa y reprimió a sus oponentes, encarcelando a los líderes de la oposición, entre ellos a Ricardo Balbín. También utilizó los logros de las administraciones anteriores del siglo XX en beneficio propio, mediante la manipulación del nacionalismo militarista para consolidar su propio gobierno populista. Usó las escuelas primarias para dar educación política a los niños y, a través de éstos, a sus padres. El libro La razón de mi vida —firmado, pero no escrito, por la esposa del Presidente, Eva Perón— pasó a ser de lectura obligatoria . Se lanzó una campaña para equiparar al presidente Perón con el quien fuera llamado el libertador del país, José de San Martín, uno de los principales generales que participaron en la guerra contra España después de 1810. Una ley designó a 1950 como el año del “Libertador General San Martín” e hizo obligatorio que los alumnos, al igual que todos los diarios y escribanos, escribieran esa frase junto a la fecha, todos los días. Docenas de diarios fueron cerrados por omitir la frase (Gambini, 1999, págs. 196–304).

El gobierno de Perón continuó con las prácticas mercantilistas y las expandió, y fue durante su mandato que los costos económicos de la economía de estilo colonial comenzaron a manifestarse en las cuentas gubernamentales. El gobierno de Perón amplió el alcance de la participación gubernamental en la economía, nacionalizando los servicios de electricidad, gas y teléfono, los ferrocarriles, el transporte urbano en autobuses y las radios. Esta enorme expansión del Estado —con ventajas evidentes para los clientes políticos de Perón y subsidios para grupos de trabajadores y empresarios— dio inicio a un aumento inevitable del déficit público. El superávit de la balanza de pagos acumulado durante la Segunda Guerra Mundial (ya que Argentina se mantuvo neutral y vendió productos a ambas bandos del conflicto) no fue suficiente para financiar las prácticas populistas de Perón. Entonces se recurrió a: el impuesto inflacionario, reservas del Banco Central, impuestos sobre exportaciones y capital y, especialmente, impuestos a un sector rural bien desarrollado. A fin de transferir recursos de ese sector hacia el gobierno, y con el antecedente del congelamiento de los alquileres llevado a cabo por Yrigoyen, Perón montó un marco regulatorio destinado a distorsionar el conjunto de derechos de propiedad establecido por la Constitución y el Código Civil, que garantizaban la libertad de contratación. Mediante decretos sucesivos y negociaciones con el Congreso, su gobierno introdujo controles sobre los contratos —fijación de precios, suspensión de desalojos y extensiones de los contratos de alquiler— que beneficiaron a su electorado (arrendatarios) en las zonas rurales a corto plazo, pero erosionaron los derechos de propiedad de los propietarios pampeanos, lo que contribuyó de manera considerable al estancamiento económico de las décadas posteriores.

Otro mecanismo prominente que se utilizó para generar una transferencia financiera desde el sector rural hacia el gobierno fue el Instituto Argentino para la Producción y el Intercambio (IAPI). El IAPI eliminó las empresas exportadoras privadas y fijó los precios internos de las cosechas por debajo de los precios internacionales. Luego, el IAPI vendía esos productos en el exterior y retenía la diferencia, que era canalizada hacia actividades populistas (Gallo, 2002, págs. 170–97). Además, a partir de 1950, el Estado comenzó a financiar sus déficits con la emisión moneda, lo que generó un aumento de la inflación. De modo que, pese a un período de notable crecimiento económico y democrático a fines del siglo XIX, para 1955 el regreso a las prácticas coloniales pergeñado por los regímenes de la primera mitad del siglo XX ya había erosionado sustancialmente la economía política de Argentina.

1955–1982: Dictaduras sucesivas

El período entre Perón y el regreso de Argentina a la democracia en 1983 es conocido por el vicioso regreso a la mezcla de militarismo y absolutismo que caracteriza a las dictaduras militares. A lo largo del período, muchos golpes de estado erigieron a sucesivas dictaduras, todas ellas caracterizadas por la violencia, la violación del Estado de Derecho y la intolerancia religiosa y política. En 1955 Perón fue derrocado por un golpe militar, y el nuevo régimen tomó medidas para perseguir a sus simpatizantes. Se prohibió que los diarios mencionaran el nombre del tirano depuesto. En 1962, un levantamiento militar sacó del poder al presidente Arturo Frondizi, y lo mismo ocurrió con el presidente Arturo Illia en 1966. Ese año, el General Juan Carlos Onganía se convirtió en presidente de facto. Se impuso la censura cultural y se prohibió la difusión de ciertos libros, obras de teatro y películas. Tal es el caso de Bomarzo, ópera compuesta por Gi¬nastera y basada en una novela de Manuel Mujica Lainez , cuya presentación en el Teatro Colón fue prohibida por Onganía. Otra prueba del absolutismo es la fragrante promoción realizada por Onganía del concepto de una religión patrocinada por el Estado: consagró la nación a la Inmaculada Concepción de la Virgen María durante una procesión solemne y multitudinaria hacia el santuario de Luján. En 1976, tras un breve y catastrófico regreso de Perón, una junta militar tomó el poder y reintrodujo el militarismo y la estratificación judicial en la sociedad argentina. Se crearon numerosas cárceles clandestinas en las que se torturaba a la gente. Los niños recién nacidos, hijos de prisioneras, a menudo eran robados y sujetos a cambios de identidad. Durante este período, desaparecieron 9.000 personas y la deuda externa aumentó de US$7.800 millones a US$45.000 millones. En 1978, el régimen militar estuvo a punto de entrar en guerra con Chile por el Canal de Beagle y sus islas, y en 1982 ocupó las Islas Malvinas, lo que provocó la guerra con Gran Bretaña.

También existió un grupo de guerrilleros llamado Montoneros, organizado por católicos de extrema derecha que creían que estaban peleando en una cruzada por una sociedad mejor. Del mismo modo, el régimen militar declaró en 1976 que respetaba los valores cristianos occidentales, lo cual implicaba un regreso a la unión de guerra y religión, característica del período colonial.

Aunque la política económica no es algo que se mencione en la mayor parte de las discusiones sobre este período oscuro de la historia argentina, las consecuencias sobre ella de los prolongados mandatos militares y el miedo colectivo generalizado son innegables. La posición económica de Argentina se vio todavía más debilitada. En 1983, al producirse el regreso de la democracia y del gobierno constitucional con el presidente Raúl Alfonsín, una gran cantidad de argentinos compartían las esperanzas de que la situación mejoraría, sin embargo, dichas esperanzas resultaron infundadas. Los miembros de las fuerzas armadas que habían violado los derechos humanos fueron sometidos a juicio, lo que significaba el regreso a la legalidad. Sin embargo, las leyes llamadas “Punto Final” y “Obediencia Debida” permitieron que se otorgaran amnistías fraudulentas a los mismos militares que habían cometido crímenes. Este fraude legal marcó tanto la continuación de una sociedad jerárquica con privilegios corporativos para las fuerzas armadas como una clara violación de la igualdad ante la ley. Aunque el militarismo había sufrido un revés, representado por el regreso del gobierno civil, la estratificación de la sociedad, la falta de respeto al Estado de Derecho y la práctica política absolutista no se vieron atenuadas.

Reformas de la década de 1990: ¿demasiado débiles y demasiado tarde?

Para fines de la década de 1980, la sensación de crisis económica era innegable. La reacción del presidente Carlos Menem fue instaurar reformas económicas orientadas a revertir las prácticas mercantilistas del siglo XX. Estas reformas —con la ayuda de la convertibilidad— dieron la impresión de que la recuperación económica se podía lograr. Sin embargo, no se tomaron medidas para reformar prácticas políticas como el absolutismo y el incumplimiento de la ley. Como demostró la culminación de la crisis en diciembre de 2001, las reformas económicas puestas en marchas sin ser acompañadas de cambios en la viciosa cultura política argentina fueron insuficientes para revertir la decadencia económica que se originó en el retorno a la práctica colonial de principios del siglo XX.

Según dicen, las reformas económicas de Menem estaban bien sustentadas y podían dar buenos resultados. En 1989, Menem rompió con el pasado intervencionista de Argentina y emprendió una política de desregulación para privatizar empresas estatales y estimular una economía de libre mercado. El proceso de privatización fue de gran alcance y su fin era la modernización. Los ferrocarriles, los teléfonos, la electricidad, los puertos, el transporte marítimo, la radio, la televisión, el combustible, el mantenimiento de los caminos y las fábricas militares, eran sus objetivos. Sin embargo, en su libro Raíces de la Pobreza, Guillermo Yeatts señala que la privatización se llevó a cabo mediante concesiones en las que se reservaron los mercados para beneficio de algunos elegidos. En efecto, las tarifas fueron garantizadas de manera tal que el proceso de privatización no fue más que un “traspaso de monopolios” del Estado a grupos privados que, a su vez, se convirtieron en sectores privilegiados con un enorme poder de negociación. Estas medidas significaron un retroceso a las estructuras mercantiles coloniales, en las que el beneficio no consistía de la ganancia de vender el mejor producto al precio más bajo en un mercado libre, sino la renta de un monopolio creado artificialmente o de una restricción gubernamental a la competencia (Yeatts, 2000, págs. 207–41).

Otras reformas que instauró Menem tampoco resultaron tan favorables como se anticipaba. Por ejemplo, la apertura de la economía fue positiva pero insuficiente, ya que se limitó a los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Para¬guay y Uruguay). El resultado fue que se cambió el aislacionismo nacional por un “aislacionismo regional” restringido a una zona aun más estrecha que el monopolio mercantil de la época de la colonia. Esta medida no podía favorecer de manera significativa a la competitividad ni brindar los beneficios del comercio mundial.

La reforma económica a medias se vio acompañada por una total falta de voluntad política de revertir el corrupto sistema clientelista. Aunque el proceso de privatización se llevó a cabo, en parte, para generar ingresos gubernamentales a corto plazo, el Estado no redujo significativamente el gasto como resultado de este proceso. En lugar de ello, el gobierno cambió los gastos de provisión de servicios públicos por egresos llamados gastos sociales del gobierno absolutista. Es decir, subsidios y empleos sin estrés para aliados políticos. Mientras tanto, el Estado mantuvo —e incluso incrementó— su participación en la economía. La tendencia al clientelismo del gobierno de Menem también se hizo evidente con el incremento del número de miembros de la Corte Suprema que tuvo por objetivo dar un lugar a sus propios clientes y aliados políticos. Además, Menem indultó a los comandantes en jefe que habían sido condenados por violaciones a los derechos humanos e impulsó una reforma constitucional con el ex presidente Alfonsín mediante lo que se llamó el Pacto de Olivos. Esta reforma permitía la reelección del presidente en funciones, lo cual no estaba permitido en la constitución vigente hasta el momento. Cada medida contribuía un poco más al retroceso hacia las viejas prácticas coloniales de absolutismo político.

En suma, las reformas económicas engañosas y el sistema de convertibilidad —mediante el cual se estableció un tipo de cambio fijo entre el peso y el dólar estadounidense durante la década de 1990— ocultaron los efectos dañinos del vicio político. La convertibilidad sorteaba la necesidad de imprimir dinero, que produciría inflación. Sin embargo, al evitar la tendencia a la inflación, el gobierno no se ocupó tampoco de disminuir ni de reorientar el gasto público. Dado que el sistema de convertibilidad parecía permitir que el gobierno siguiera gastando, no se trató más que de un artificio para cambiar la financiación del déficit por el endeudamiento externo. Mediante este juego de prestidigitación, y a pesar del dinero percibido de la venta de empresas públicas, la administración Menem (1989–99) consiguió elevar la deuda pública de US$65.300 millones a US$146.210 millones. Como explican Eiras y Schaefer (2001), “La falta de crecimiento económico, junto con un incremento en el gasto del gobierno, generó un déficit fiscal que creció del 0,15 por ciento del PIB en 1994 al 2,4 por ciento del PIB en el año 2000”. Además, “La deuda pública total de Argentina se incrementó del 34 por ciento en 1991 a alrededor del 52 por ciento del PIB” en 1999. Así, las ventajas de un tipo de cambio fijo —la estabilidad y la confiabilidad— se vieron desbaratadas por una deuda estatal insoportable que también elevó el costo de la inversión privada. Finalmente, esta situación llevó a un incumplimiento de los compromisos internos y externos del gobierno en diciembre de 2001, lo cual, a su vez, generó una corrida bancaria a principios de 2002.

Sencillamente, las reformas de la década de 1990 fueron insuficientes para contrarrestar las prácticas políticas negativas que comenzaron a resurgir a principios del siglo XX y continuaron casi hasta el siglo XXI: un poder ejecutivo hegemónico y personalista capaz de asignar recursos económicos y cambiar las reglas a su antojo por decreto; la falta de un poder judicial independiente que controlara los otros poderes y defendiera los intereses de los ciudadanos; un Estado grande y supuestamente benefactor, simbolizado por funcionarios que tenían el poder de fijar tarifas y alterar contratos privados, que sumaron pensiones de privilegio a sus propios sueldos y otorgaron subsidios injustificados a los desempleados.

Las restricciones impuestas a los depósitos bancarios privados en los últimos días de la administración de Fernando de la Rúa y la cesación de pagos anunciada por el presidente Adolfo Rodríguez Saá a fines de 2001 —aplaudida por legisladores de todos los partidos— son la culminación de un siglo de mala gestión, malversación de fondos públicos y falta de respeto a los derechos de propiedad y el orden jurídico. Sólo una tradición cultural enraizada de rechazo a lo extranjero es responsable de que los argentinos culpen a otros e impide reconozcan sus propias falencias.

José Ignacio García Hamilton

Extracto de “Reflexiones históricas sobre el esplendor y la decadencia de Argentina” publicado por elcato.org